Gabriel Rufián acaba de advertir a Pedro Sánchez que ERC «subirá el precio» del independentismo si quiere volver a ser presidente. En espera de que Puigdemont y su corte de los disparates apuesten más alto, Bildu y Sumar se han apuntado al abordaje.
La amenaza del charnego agradecido deja en cueros el falso apaciguamiento de Sánchez, el de la paz social de Cataluña. Confunde paz social con silencio, diálogo con chantaje, apaciguamiento con rearme, desjudialización de la política por impunidad. O no conoce en absoluto al independentismo catalán o es un mentiroso compulsivo dispuesto a cualquier cosa con tal de seguir un rato más en la poltrona.
Esa infame distorsión de la realidad a costa de indultos, eliminación del delito de sedición y rebaja de penas a delincuentes políticos por malversación, ni fue la causa de esta falsa paz social en Cataluña, ni será la última cesión a los independentistas si no quiere que el simulacro de paz revele su verdadera cara. Ahora mismo, mientras se pasea ufano por los medios repitiendo el mantra, están diseñando las próximas reclamaciones. La amnistía y la convocatoria de un referéndum de autodeterminación fue la exigencia que hizo Pere Aragonés en noviembre del 2022, bajo un «acuerdo de claridad»; y ayer ERC y Bildu advirtieron formalmente que si Pedro Sánchez quiere volver a tener su apoyo en una eventual investidura tras el 23-J le exigirán el Estado plurinacional y la autodeterminación. El sector catalán de Sumar ya se ha unido a la reivindicación del referéndum. ¡Ojo! Con el eufemismo de «acuerdo de claridad», Aragonés trata de ampararse en la legitimidad democrática que inspira la «Ley de Claridad del Canadá», alterando su contenido y manipulando sus condiciones.
El escenario legitimador de ese referéndum (no se dejen engatusar tampoco por el eufemismo de «consulta») será la «Ley de Claridad del Canadá«, propuesta de referéndum del Parlamento Federal canadiense en el año 2000 para resolver definitivamente el conflicto independentista de Quebec.
Esta Ley de Claridad es uno de sus últimos itinerarios internacionales para acogerse a sagrado. Pujol se amparó en la independencia de Lituania en los noventa, después en la de Montenegro, siempre a los referendos de Escocia, y ahora a Quebec. Por enredar que no quede.
Convendría saber en qué consiste está última andanada para evitar que nos den gato por liebre. Vamos a ello.
Tras los referendos unilaterales de independencia de Quebec de 1980 y 1995 (49,4% a favor y 50,6% en contra), el Parlamento Federal del Canadá aprobó una Ley de Claridad que fijase las reglas de juego en Quebec si quería volver a realizar un referéndum. La ley había sido propuesta por el gobierno canadiense con la oposición de los independentistas. Esta Ley de Claridad establecía cuatro condiciones: primera, la pregunta debería ser clara y la respuesta inequívoca (sí o no a la independencia sin más retórica); segunda, la mayoría debería ser reforzada; tercera, sería necesaria una enmienda constitucional que contase con el acuerdo de todas las provincias y de todos los actores políticos en juego; y cuarta, que se respetasen los derechos de las minorías, y que —esto es clave—, en aquellas provincias de Quebec que no se alcanzase una mayoría independentista, podrían seguir siendo parte de Canadá o, lo que es lo mismo, independizarse de Quebec.
La determinación del Estado Federal canadiense por evitar marrullerías, confusiones, consultas unilaterales o mayorías no cualificadas, se reserva el derecho de sopesar posteriormente a la votación qué mayoría reforzada se precisa y si la pregunta y la mayoría han sido suficientemente claras para validar la consulta. Así lo asegura Josep María Castellà, profesor de Derecho constitucional de la UB y especialista en la Ley de Claridad del Canadá.
Reparen en la cuarta condición para que el referéndum constitucional fuera garantista para todos: si alguna provincia no alcanzase la mayoría reforzada establecida, dejaría de formar parte de Quebec, o lo que es lo mismo, podría seguir formando parte de Canadá. Precisamente este punto es el que nos escamotean los independentistas en la propuesta que ha hecho Pere Aragonés (28/9/2022) como «Acuerdo de Claridad,» no como Ley de Claridad, para vender la moto al próximo Pedro Sánchez. Es evidente que ningún gobierno español que se precie de serlo se dejaría enredar, pero Pedro Sánchez haría toda la poda necesaria en una hipotética Ley de Claridad de España para que los indepes nos volvieran a regalar otros cuantos meses de paz social. Hasta la derrota final. Por eso, y por tantas cosas más, en estas elecciones del 23 de julio, Pedro Sánchez debería ser despedido por la ciudadanía española como un vulgar Fernando VII.
PD: Precisamente, la cuarta condición de la Ley de Claridad del Canadá, aplicada literalmente a España, permitiría a cualquier provincia catalana que no alcanzase una mayoría reforzada, seguir perteneciendo a España, y abriría las puertas a la constitución de Tabarnia como nueva comunidad autónoma de España. Ni es una fábula, ni un imposible; en Barcelona y Tarragona no hay mayorías independentistas, y juntas podrían formar parte de esa nueva comunidad autónoma de Tabarnia. La broma, no lo es tanto, cuando ya hay un partido político constituido y legalizado en el Ministerio del Interior desde el pasado 31 de agosto de 2018, bajo el nombre de TABARNIA LIBRE en espera de la ocasión propicia.
